Modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Genero

La subcomisión parlamentaria que ha estado analizando posibles mejoras a la ley integral contra la violencia de género ha realizado varias recomendaciones que continuarán negociando los distintos grupos políticos de cara al documento definitivo que será votado el próximo día 17 en la Comisión de Igualdad.

Han pedido que los efectos del alcohol u otras drogas se consideren un agravante y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género. Esto ha tenido ya respuesta por parte de la portavoz del CGPJ según aparece publicado en europapress.

Por otra parte, se demanda que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia de género pierdan la custodia de los menores y la patria potestad.

Solicitan también que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género ni tampoco que se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.

A los medios de comunicación se les reclama que mejoren el tratamiento informativo de estos casos y que recojan el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato.

Se propone que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan las consecuencias que implica esta decisión. Recomiendan que se revise el artículo de la LEC (art. 416) que permite a las mujeres no declarar judicialmente contra sus maridos y que se informe adecuadamente a las mujeres maltratadas sobre este precepto y evitar que lo que es un derecho se convierta en un obstáculo que dificulte su protección y el castigo al maltratador ya que en algunos casos ese derecho legal a menudo se le vuelve en contra por la interpretación de algunos jueces.

Se solicita también que los profesores de colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen relaciones igualitarias. En la misma línea también se solicita que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales y fuerzas de seguridad y de los equipos psicosociales, así como una mejora en la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados.

También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas y que se flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones.

Por último se solicita que se modifique la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que los juzgados especializados en violencia de género puedan asumir el trabajo de aquellos juzgados de otros partidos judiciales que estén sobrecargados de trabajo.